ASPECTOS NEGATIVOS DE LA REFORMA POLITÍCO-ELECTORAL

·                       Las nuevas atribuciones del INE saturarán su capacidad operativa y pueden causar un desempeño deficiente (Principio de Peter).

·                       La facultad de atracción de elecciones locales por parte del Instituto estimulará el conflicto político pre-electoral, pues los partidos de oposición en los estados buscarán casi siempre que el Instituto atraiga la elección para evitar que el gobernador del partido en el poder intente influir en favor de su candidato. La dificultad para definir con precisión cuándo el INE deberá asumir la organización de las elecciones locales será un problema mayor y restará objetividad y certeza a los comicios en México. Esto puede provocar que el proceso electoral se comience a viciar antes de su inicio formal.

·                       La facultad de nombramiento de todos los consejeros electorales de los estados plantea dos problemas: por una parte, insuficiencia de información para que el INE designe a los funcionarios más aptos e imparciales; por otra parte, que la negociación política que antes se daba en los estados y que ahora ocurrirá al interior del INE, genere presión y politice aún más a la institución. Es previsible que los partidos continuarán presionando para influir en el nombramiento de los consejeros electorales locales.

·                       La facultad del INE de remover a consejeros de los organismos públicos locales puede estimular presiones constantes sobre el Instituto para que destituya a consejeros selectivamente y nombre a otros. El problema se agrava por la dificultad de definir criterios claros de remoción, lo que incentivará el conflicto al interior del INE.

·                       Las nuevas causales de nulidad de la elección pueden institucionalizar el conflicto postelectoral. Es previsible que cada elección de gobernador, así como la presidencial, serán impugnadas y se solicitará su anulación por rebase del tope de campaña. Anteriormente sólo existían las causales genéricas para anular comicios por hechos ocurridos durante la jornada electoral, así como la causal abstracta, pero la Constitución no incluía la nulidad por irregularidades en los gastos de campaña (salvo casos excepcionales como el Distrito Federal). Como las campañas “exitosas” normalmente rebasan los topes de gasto, pero esta violación es muy difícil de acreditar, el nuevo sistema estimulará el litigio sin que haya un método de comprobación jurídico de las violaciones. Por lo tanto, las impugnaciones no resolverán el problema de la inequidad en las campañas políticas, pero si estimularán el litigio y el conflicto político.

·                       Se mantiene el nombramiento del contralor del Instituto en manos de la Cámara de Diputados, lo cual es en los hechos una forma de amenaza latente que afectará la autonomía del INE. Para agudizar el problema, se permite la reelección del contralor, lo que genera incentivos perversos para que busque cabildear con los partidos en el Congreso.

·                       La paridad de géneros en la nominación de candidatos al Congreso de la Unión parece una medida populista que puede contribuir a deteriorar la calidad de los cuadros legislativos. Apenas en 2007 se había establecido una cuota progresista en términos internacionales de 60-40, pero antes de evaluar los resultados de esta medida se pasa a una paridad que nadie reclamaba.